La casa Argentina de Madrid se pone la camiseta! Los compañeros de H.I.J.O.S. organizaron una sesión de fotos con las camisetas en una cena de la Casa Argentina para mostrar que la campaña llega hasta Madrid. Mira las fotos! Puedes ver más fotos de la campaña en www.hijos-capital.org.ar

Los delincuentes ingresaron a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, maniataron a su titular, Sara Derotier de Cobacho, y le exigieron que entregara los legajos de dos represores que pronto serían juzgados por delitos de lesa humanidad. El gobernador Daniel Scioli lo consideró un hecho "mafioso e intimidatorio".El hecho se conoció ayer, pero ocurrió en la tarde del 30 de diciembre, cuando unos hombres ingresaron a la oficina de Derechos Humanos provincial, ubicada en las calles 8 y 53 de La Plata, maniataron a la funcionaria y le exigieron que entregara las llaves de la caja fuerte donde estaban guardados los legajos de los represores, de quienes aún no trascendió la identidad.
Además, los delincuentes se llevaron la computadora portátil personal de Cobacho, teléfonos celulares y 8 mil pesos.
Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Primera, ubicada a una cuadra de la Secretaría, hasta el momento no hay detenidos.
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, calificó de "actitud mafiosa" el robo a la subsecretaria de Derechos Humanos provincial, Sara Derotier de Cobacho y aseguró que "nada hará quebrar su voluntad en el esclarecimiento" de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

 

“Es un escándalo esta inacción”
El juez federal de La Plata, Manuel Blanco, tiene a su cargo la causa por la desaparición de Jorge Julio López y distintas investigaciones por la represión ilegal. Los querellantes piden que lo separen por la parálisis de las investigaciones.
El juez Manuel Blanco se desempeña también como juez electoral de la provincia de Buenos Aires.
Por Adriana Meyer
Ayer se cumplieron 39 meses de la desaparición forzada de Jorge Julio López, y en coincidencia con la fecha un grupo de organismos de derechos humanos y querellantes nucleados en Justicia Ya! decidieron denunciar al nuevo juez de la causa, Manuel Blanco, por mal desempeño en la investigación de ésa y otras causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante a dictadura. “Es un escándalo esta inacción y nadie hace nada”, dijo a Página/12 la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. López, un albañil de 77 años, fue un testigo clave en la condena del represor Miguel Etchecolatz, y está desaparecido desde el día de los alegatos en aquel juicio, hace tres años y tres meses.
Representantes de organismos defensores de los derechos humanos, querellantes particulares de las causas contra genocidas y miembros de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas presentaron ayer una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por el mal desempeño del juez federal 1 de La Plata, Manuel Blanco. En su escrito detallaron las graves irregularidades registradas en todos los expedientes por delitos de lesa humanidad radicados en su juzgado: Unidad Penitenciaria 9, CCD (centro clandestino de detención) La Cacha, Causa Nº 15274 (Ferreyro), Comisaría 8ª, Causa 1 y 60, Causa Cementerio de La Plata, Causa Triple A, Causa López y causas por apropiación de menores durante la dictadura militar.
Entre las irregularidades y la escasa o nula investigación denunciadas, señalaron que en la causa por los hechos ocurridos en la U 9, Blanco sobreseyó definitivamente a varios represores a pesar de que la Cámara le había ordenado recabar más pruebas contra ellos. A partir de la apelación de la querella de Justicia Ya!, los sobreseimientos fueron revocados. Sin embargo, cuatro meses después siguen sin ser convocados los testigos.
- En La Cacha, causa abierta hace seis años y medio, no hay ningún indagado ni procesado a pesar de los numerosos pedidos de las querellas y de la fiscalía en los que se identifica a centenares de responsables. La actividad del juez se limita a convocar a los testigos que ya han declarado a reiterar su testimonio.
- En la causa iniciada en 2001 contra Miguel Ferreyro, torturador que se desempeñó en el centro clandestino de detención El Infierno, el juez sobreseyó al acusado por el delito de violación sin convocar a ninguno de los testigos del hecho y sosteniendo que “no surge” a su criterio “elementos suficientes para evidenciar siquiera el hecho”.
- Las causas por los hechos ocurridos en Comisaría 8ª, Cementerio de La Plata, y el CCD que funcionó en 1 y 60 están paralizadas desde el momento en que se abrieron, el 26 de marzo de 2003.
- Lo mismo ocurre con la causa abierta para investigar los delitos cometidos por las patotas paramilitares que asolaron la provincia de Buenos Aires antes del golpe de Estado, la Triple A entre otras.
- También denunciaron las graves irregularidades y demoras injustificadas en las causas por apropiación de menores, básicamente la inmovilidad en la que permanecen desde hace años.
- En cuanto a la causa López, Blanco la tiene bajo su órbita desde febrero de este año, cuando su par Arnaldo Corazza renunció a seguir investigando. En un principio optó por radicar la causa en una secretaría común de su juzgado, que la desconocía por completo, y luego la delegó en el fiscal Sergio Franco, que la rechazó una y otra vez. Todo concluyó varios meses después con el apartamiento del fiscal de la causa, y sin que ninguna actividad útil se haya realizado en ese lapso. Nada muy diferente de la anterior etapa de la investigación del sobreviviente de la dictadura que volvió a desaparecer, a excepción del período en que estuvo en manos de la secretaría especial de Juan Martín Nogueira, cuando sí hubo actividad conducente.
Según explicó la abogada Godoy, la decisión de acusar a Blanco fue tomada ahora “por el hartazgo que provoca el catálogo de excusas que da el juez, pero no hace nada de verdad, hace como que trabaja, cita mil veces a los testigos, uno por uno. En Tribunales comentan que le gusta sentarse sobre las causas por el poder que significa, pero nunca hace nada”. Si de excusas se trata, este magistrado tiene a mano una muy apropiada: es juez federal con competencia electoral, por lo tanto en los períodos de elecciones las otras causas duermen aún más abrigadas y profundo. “No hablamos de procesos que se iniciaron hace seis años, sino que se reabrieron. En el caso La Cacha, por ejemplo, en 1984 ya había declaraciones y estaba activa. Estas causas se mueven con voluntad política, él no la tiene y las instancias por arriba de él tampoco han tomado en serio el escándalo de esta inactividad”, agregó la letrada.
El escrito concluyó solicitando al Consejo de la Magistratura “su inmediata intervención para que el juez denunciado sea sometido al proceso de acusación pertinente a los fines de la remoción del cargo que ostenta”. Y fue firmado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Colectivo de Abogados La Ciega, Comisión de DD.HH. de uruguayos en Argentina, CTA La Plata y Ensenada, CTA Nacional-Secretaría de Derechos Humanos, Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (Fidela), Hijos La Plata, Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Unión por los Derechos Humanos, Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, Equipo Argentino de Investigación Psicosocial (Eatip), Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas, Federación Universitaria de La Plata (FULP), Hermanos de desaparecidos por la verdad y la justicia, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Madres de Plaza de Mayo-La Plata (Adelina Alaye), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, además de querellantes y familiares de víctimas incluidas en las causas a cargo de Blanco.

 

Condecorados por Massera
Sesenta represores condenados y setecientos procesados ponen de manifiesto el avance del proceso de justicia por los crímenes de la dictadura. La investigación de quienes participaron en la última etapa del proceso de secuestro-tortura-desaparición, en cambio, sigue siendo una deuda del Estado con la sociedad argentina. Por relatos de represores y por los casos probados a partir del hallazgo en la costa de cadáveres de personas vistas en cautiverio en Campo de Mayo, la ESMA y el Olimpo, está probado que el método de los vuelos fue aplicado por las tres Fuerzas Armadas, que a su vez hicieron participar a miembros de fuerzas de seguridad y civiles, consolados todos por las prédicas de capellanes castrenses, algunos identificados por el ex capitán Adolfo Scilingo como Alberto Zanchetta y Luis Antonio Manceñido. Si bien en al menos tres causas judiciales existen expedientes para investigar los vuelos, el único procesado a un tercio de siglo de los hechos es el capitán Emir Sisul Hess, quien, igual que Julio Poch, lo confesó en privado. Página/12 reveló el mes pasado que al menos tres aviadores fueron condecorados en 1978 por el ex almirante Emilio Massera como miembros del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA.

POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

La causa se reactiva tras la aparición en Argentina del cuerpo de un desaparecido
La Fiscalía de Nuremberg, en Alemania, ha reabierto una causa contra el ex dictador argentino Jorge Videla tras haberse encontrado en Argentina el cadáver del ciudadano alemán Thomas Stawowiok. El sumario contra Videla fue sobreseído en Alemania en 2008 al no hallarse constancia de un posible delito, pero la aparición del cuerpo ha permitido la reactivación del caso.
En 2005, un juez de Buenos Aires denegó la solicitud de que Videla y otros ex militares fueran extraditados a Alemania por la desaparición de varios de sus ciudadanos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). El magistrado argumentó que Videla ya había sido condenado en Argentina por delitos semejantes.
Videla fue sentenciado en 1985 a cadena perpetua por la Justicia argentina, y desde diciembre de 2008 cumple su pena en prisión.
Si Videla pudo sortear su reclusión durante años fue gracias a la amnistía que le concedió el ex presidente Carlos Menem, el cual tiene también procesos abiertos en su contra. En uno de ellos, confirmado hace dos días, está acusado de pagar sobresueldos a funcionarios públicos. Ahora se encuentra a un paso del juicio oral.
Menem está además imputado por fraude y contrabando de armas a Ecuador y Croacia, pero goza de inmunidad dada su condición de senador, y no puede ser arrestado si no es desaforado.

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto número cien. En este caso, la historia es distinta a la de otros nietos apropiados ilegítimamente durante la última dictadura militar. Matías es el hijo de Tulio Valenzuela y de Norma Espinosa, ambos militantes de Montoneros. Tulio murió en 1978, cercado por un grupo de tareas de la ESMA, y como estaba en la clandestinidad nunca pudo reconocerlo. Matías siempre vivió con Norma y siempre supo que era hijo de los dos, pero recién ahora pudo cruzar los datos genéticos suyos con los de la familia de su padre alojados en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Con ese resultado también puede obtener el apellido de su padre.
“El caso de Matías es un caso atípico”, explicó Estela Carlotto a Página/12. “Porque él no estuvo desaparecido, sino que recuperó la identidad, es un nieto cuya identidad estaba partida por la mitad porque su papá Tulio Valenzuela lo alcanzó a conocer pero no a reconocer con su apellido porque lo secuestraron, Norma Espinosa, su mamá, le fue contando algo de la historia y él, bueno, de adulto empezó a querer tener la historia completa con el apellido del papá.”
Necesitó acudir a Abuelas porque la historia no era fácil, dice Carlotto. “No era fácil porque no tenía contacto con la familia paterna, la familia no creía en esa historia; muchas familias a veces se cierran a ciertas cosas que les parecen extraterrestres y era que él, el Tucho (Tulio), había formado pareja con Norma y nace este niño de esa relación, y luego la vida continúa y espera un hijo con Raquel Negro, cosas que ocurren con el amor; finalmente entre gente normal que se enamora y se desenamora.”
Edgar Tulio Valenzuela nació, en 1945, en San Juan y en 1963 viajó a instalarse en Buenos Aires para hacer la carrera de Derecho en la UBA. Empezó a militar mientras estudiaba, primero lo hizo en la Juventud Peronista y años más tarde en Montoneros. Vivió en Jujuy, en la Regional de Rosario y quedó detenido por primera vez en 1972, alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson donde, luego de la fuga de los dirigentes del ERP, FAR y Montoneros, quedó como segundo jefe de la organización. El 25 de mayo de 1973 salió en libertad con la asunción del “Tío” Héctor Cámpora.
Pasaron ocho años hasta su muerte. Tulio o Tucho, como lo llama Estela Carlotto, volvió a Rosario, se exilió tras el golpe de marzo de 1976 y volvió a Argentina en diciembre de 1977. El 2 de enero de 1978 cayó secuestrado con quien en ese momento era su mujer Raquel Negro, que estaba embarazada de siete meses, y con el hijo más grande de ella. Todos fueron alojados en el centro clandestino Quinta de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Lo que pasó con ellos a partir de ese momento volvió a recordarse en diciembre del año pasado, cuando Abuelas anunció la restitución de la nieta número 96. Tulio y Raquel fraguaron durante el cautiverio un pacto con los militares, él se fue a México para participar de un supuesto plan de ejecución a Mario Firmenich. En México denunció, en cambio, el plan ante la prensa, se quedó allá durante cinco meses y volvió para la Contraofensiva. En tanto, Raquel dio a luz a dos bebés en el Hospital Militar de Paraná. Según la investigación de Abuelas, un niño y una niña. Del niño se supo que podría haber muerto en ese momento. De la niña, en cambio, que quedó en un hogar de niños al cuidado de una congregación de monjas que aparentemente la entregó en adopción.
Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
Foto: Pablo Piovano
Sabrina fue restituida por Abuelas, pero su familia todavía no entendía bien la historia de Matías. Según el comunicado de Abuelas, la relación entre Tulio y Norma fue anterior. Tulio conoció a Norma Espinosa a mediados de 1974, luego de la primera salida de la cárcel, mientras militaba en la columna oeste de Montoneros en la zona de San Justo. A fines de 1974 empezaron una relación de pareja, la organización trasladó a Tulio a Santa Fe y Norma lo acompañó. Luego del primer mes, en julio de 1975, ella quedó embarazada, pero enseguida se separaron. Norma volvió a Buenos Aires, se desconectó de la militancia y se fue a vivir a la casa de sus padres, a la espera del nacimiento de su hijo. Matías nació el 6 de marzo de 1976 en Lomas de Zamora. A los seis meses, su madre organizó un encuentro con su padre porque quería que se conocieran, pero Tulio no pudo darle el apellido a su hijo en ese momento, como sucedió con muchos otros militantes políticos, por la situación de clandestinidad. Matías se crió desde entonces con su madre y no mantuvo contacto con la familia de su padre. Terminó el secundario, estudió educación física y a pesar de que desde chico su madre le contó los detalles de la historia de su padre, recién durante la adolescencia –dice el comunicado de Abuelas–, él tomó conciencia de lo que significaba todo eso.
“No fue fácil este caso”, dice Estela. Matías se había acercado alguna vez a Abuelas, pero volvió a acercarse cuando apareció Sabrina. “Recién entonces él se animó a venir nuevamente para iniciar la búsqueda en la Conadi de sus datos genéticos, lo cual le facilita ahora el reconocimiento de su apellido paterno.”
Matías terminó los exámenes a mediados de este año. Recién entonces pudo reencontrarse con toda su familia. Las Abuelas mientras tanto siguieron trabajando en la causa. Estela Carlotto dice que todavía no está tan claro, por ejemplo, que el hijo varón de Tulio y de Raquel Negro nacido en cautiverio esté muerto. “O si está muerto tiene que aparecer el cuerpo.”

 

 

Carlos Pisoni, militante de H.I.J.O.S, se paró frente a los represores del Primer Cuerpo de Ejército para exigirles que “si les queda algo de valentía” informen sobre el destino de los desaparecidos. Toda la sala lo aplaudió de pie.
Me hubiera encantado que mi papá me enseñara a hacer un asado, recibir caricias de mi mamá, gritar los goles del Enzo con mi viejo y tener un hermano”, confesó Carlos Pisoni, militante de H.I.J.O.S., frente a los represores del Primer Cuerpo de Ejército. “Fuimos muchos quienes sufrimos esas pérdidas”, aclaró, y celebró que “los responsables estén sentados en el banquillo”. Cuando concluyó sacó una foto con rostros de desaparecidos de los centros Atlético, Banco y Olimpo, incluidos sus padres, con quienes compartió sólo 37 días, y les habló a los imputados: “Lo único que les pido, si les queda algo de valentía, es que digan dónde están los cuerpos. Todavía tienen la oportunidad”, les advirtió, mirándolos a los ojos. Toda la sala lo aplaudió de pie.
El subsuelo de Comodoro Py estuvo ayer colmado. Salvo tres allegadas a los policías, el resto eran sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas, todos sentados gracias a los lugares vacíos destinados a la prensa. Cuando Delia Barrera se aprestó a dar testimonio, con la foto de su marido en la mano, varios represores prefirieron retirarse. Esposados en parejas, cantando bajito, se fueron Julio Simón, Samuel Miara, Ricardo Taddei, Raúl González, los gendarmes Guillermo Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui y el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti.
“Hace 32 años espero este momento”, aclaró Barrera, que estuvo 92 días en Atlético. Su compañero Hugo Scutari, militante de la JUP y delegado del Banco Nación, fue secuestrado el 5 de agosto de 1977. Minutos después una patota encabezada por Juan Carlos Falcón, alias Kung Fu, se la llevó de su casa. En Atlético pasó a ser “H26”. Le pusieron antifaz y le ataron los pies con cadenas y candados. “Primero me desnudan y me largan un perro ovejero. Luego me golpean en la cabeza y el estómago, me hacen agarrar un cable con electricidad”, recordó, y enfatizó el rol de Falcón, que criticaba a otros torturadores porque, decía, “no saben cómo se pega”. De los presentes padeció con certeza a dos: “El Fuhrer (Eufemio Uballes) nos hacía gritar ‘Heil, Hitler’ en las torturas”, dijo. “A Doctor K (Eduardo Kalinec) lo vi en la enfermería. Me dijo ‘tenés la costilla fisurada pero no te vendo porque te vas a ahorcar’”, recordó.
El 20 de septiembre tuvo el último contacto con su compañero. “Sé fuerte y no me abandones”, fueron sus últimas palabras. Luego les negaron un abrazo de despedida. “Quedate tranquila, va a una granja de recuperación”, le mintió el comisario Antonio Fioravanti, que murió impune en 1985. Cuando las preguntas concluyeron, Delia contó que honraba por séptima vez el compromiso de dar testimonio asumido en cautiverio. Luego se dirigió a sus torturadores. “Sepan bien que no cumplí con el mandato de silencio, que no pudieron quebrarme y que voy a seguir hasta el último día”, prometió. Les aclaró que la acompañaba la familia que formó al ser liberada pero también su primer compañero y los desaparecidos que conoció, y leyó sus nombres. Cerró con un pedido a los jueces: “No nos abandonen”.
“No sé cómo caminaban”
“Me arrancaron de los brazos de mis viejos cuando tenía 37 días”, arrancó Carlos Pisoni, con pañuelo de H.I.J.O.S. en el cuello. Su padre Rolando, de 29 años, estudiaba ingeniería y militaba en la JUP. Su mamá, Irene Bellocchi, 27 años, era delegada en el Banco Galicia y militaba en la JTP. “Desaparecieron porque eran militantes. En H.I.J.O.S. estamos orgullosos de nuestros padres y no reivindicamos su lucha como utopía, sino que perseguimos sus objetivos: no queremos pibes muertos de hambre”, aclaró Pisoni, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad.
“Gracias a sobrevivientes pude saber que despojaron a mis padres de su identidad: pasaron a ser H24 y H25”, relató, y volvió al significado de ser hijo de desaparecidos. “No recuerdo sus voces, no tengo la imagen de ellos en mi retina, no sé cómo caminaban”, explicó a los jueces. “Puedo dar testimonio gracias a una vecina que me llevó con mi abuela. Gracias a esa vecina, a quien me gustaría conocer (el operativo fue el 5 de agosto de 1977 en Mármol 483), no soy uno más de los pibes robados”, aclaró.
Testigo y querellante, Pisoni recordó la trilogía “Dios, Patria, Hogar” invocada por los militares y juzgó “incongruente que una persona de moral cristiana pueda cometer el pecado más grande para un creyente, como es matar, matar y matar”. Lamentó “el rol de la Iglesia que los confesaba”, destacó que “hay centenares de Von Wernich” y diferenció a “la Iglesia cómplice de la verdadera, la de Mujica, Angelelli y los palotinos, que sufrió tortura y desaparición como nuestros viejos”.
Su abuela, Aurora Zucco de Bellocchio, pañuelo de Madre de Plaza de Mayo en la cabeza, confesó que desde que recibió a su nieto “supe que iba a estar siempre pegado a mi corazón”. Contó que tras los secuestros recibió un llamado de Rolando para preguntarle si le habían dado a su hijo. “Estoy tranquila porque sabemos que mamá tiene al nene”, le dijo Irene a un sobreviviente, que en los ’80 ubicó a Aurora. La mujer diferenció también las caras de la Iglesia: su asesor espiritual Fernando Carballo le dijo “El que las hace las paga”; el cura Jorge Aguiar aceptó dar una misa por desaparecidos, pero él mismo desapareció antes de concretarla. “Al tiempo me contó que se despertó en un psiquiátrico del sur bonaerense”, recordó. “No pensaba que este momento iba a llegar”, confió a los jueces. Lamentó “el abandono que sufrimos por gran parte del pueblo” y expresó su deseo “de que esta Justicia haga lo que debió haber hecho muchos años antes”.

 

Poch prefiere a Holanda
Julio Alberto Poch, el piloto acusado de participar en los “vuelos de la muerte” durante la dictadura, quiere que lo juzguen en Holanda. “Nosotros queremos que sea juzgado en Holanda”, declaró ayer Gerard Spong, abogado de Poch, arrestado el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia cuando se disponía a pilotear un vuelo de Transavia, una filial de bajo costo de KLM y Air France. Habrá una audiencia de la que participará el Estado holandés para definir esta cuestión, el 10 de diciembre en el tribunal civil de La Haya. A fines de 2008, el juez federal Sergio Torres pidió la extradición de Poch, después de haber reunido testimonios que daban cuenta de la participación del piloto en los vuelos de la muerte. El gobierno español autorizó la extradición el 31 de octubre pasado

Lanzan campaña de "Juicio y castigo" a responsables de dictadura argentina
Publicado por Denisse Charpentier en 24 Noviembre 2009 (1:43 pm) en Internacional
Unos 300 hijos de desaparecidos durante la última dictadura argentina (1976-1983) lanzaron este martes una campaña de “Juicio y castigo a los culpables”, frente a los tribunales donde comenzaron las audiencias contra 17 militares y policías por crímenes del régimen.
“Ponete la camiseta por Juicio y Castigo”, decía la leyenda impresa en la blusa que lucían los jóvenes activistas de la organización “Hijos”, momentos antes de iniciarse el enjuiciamiento oral de agentes dictatoriales que actuaron en tres de los llamados Centros Clandestinos de Detención.
Los centros denominados Club Atlético, Olimpo y el Banco funcionaron bajo el mando del fallecido general Carlos Suárez Mason, uno de los temibles jefes del terrorismo de Estado, apodado ‘El Carnicero del Olimpo’.
Entre los acusados figuran agentes secretos como Raúl Guglielminetti, Samuel Miara -a su vez condenado por robo de bebés y apropiación de menores- y Julio Simón, alias El Turco Julián, también con sentencia a cadena perpetua en otra causa.
“El objetivo de la campaña es demostrar que hay mucha gente en todo el país que exige la cárcel de los genocidas”, dijo a la AFP Carlos Pisani, dirigente de “Hijos”, testigo y querellante en la causa.
Pisani dijo que “es mucho mayor la cantidad de represores involucrados, pero es muy importante comenzar con estos, porque sólo por Club Atlético pasaron 1.500 desaparecidos”.
Otra personalidad presente en el acto fue el director técnico del club de fútbol Huracán, de la primera división, Angel Cappa, quien dijo que apoya la iniciativa “en reclamo de justicia, porque de esa manera se trabaja por la paz, sin justicia no hay paz”.
Entre las demandas de los organismos humanitarios está también que no sufra otra postergación el juicio al ex capitán de la marina de guerra Alfredo Astiz, acusado por la desaparición de dos monjas francesas y el periodista Rodolfo Walsh, entre otros crímenes de lesa humanidad.
El juicio a Astiz y otros oficiales de la tenebrosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) está previsto para el 11 de diciembre.
Un total de 625 militares y policías están encausados en Argentina por violaciones a los derechos humanos, en tanto que otras 53 personas han sido condenadas desde 2003.
Unas 30.000 personas fueron desaparecidas durante la dictadura, según organizaciones humanitarias argentinas.

El juicio por la ESMA finalmente tiene fecha de inicio

Reclamo. Ante las postergaciones, los organismos habían exigido “celeridad”.
El juicio oral contra Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y otros 17 miembros del grupo de tareas de la ESMA comenzará el 11 de diciembre. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 5, luego de postergar por segunda vez el proceso a raíz del traspaso de uno de sus jueces y las recusaciones presentadas por las defensas en contra del nuevo miembro, Oscar Hergott.
Por la mañana, un grupo de organismos de derechos humanos había exigido, desde el mismo lugar donde funcionó el centro clandestino de detención, “celeridad” en el comienzo de las audiencias.
“Ya pasaron 32 años. No podemos seguir esperando. No queremos seguir esperando y que genocida sea sinónimo de impunidad”, leyó Verónica Castelli con su pañuelo de HIJOS anudado al cuello. La conferencia de prensa, organizada por el Espacio para la Memoria, fue el cierre de una recorrida por el campo de exterminio de la mano del sobreviviente Víctor Basterra.
Además de Astiz y Acosta, desde el 11 de diciembre estarán sentados al banquillo de los acusados otros represores como Alfredo Donda Tigel, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Oscar Montes y Ricardo Capdevilla.
Durante el proceso oral, se analizarán sus responsabilidades en más de 86 casos, entre ellos el secuestro y desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y del escritor Rodolfo Walsh.
Los casos constituyen sólo un 10 por ciento del total de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la ESMA hasta diciembre de 1983.

La lucha de las Abuelas --- NIETO NR.98
Otro nieto recupera su identidad
La organización Abuelas de Plaza de Mayo anunciará mañana la identificación de otro hijo de desaparecidos apropiado durante la dictadura militar, con el que sumarán 98 los nietos recuperados.

"Abuelas de Plaza de Mayo convoca a una conferencia de prensa para dar a conocer el encuentro y restitución de identidad de otro de los nietos buscados durante más de 32 años", dice un comunicado de prensa difundido este mediodía.
La entidad presidida por Estela de Carlotto invita a la prensa "para compartir esta maravillosa noticia" mañana a las 12 en la sede ubicada en Virrey Cevallos 592, PB 1.
La última nieta recuperada -la número 97- fue anunciada en febrero de este año. Se trataba de la hija de Antonio García y de Beatriz Recchia, hermana de Juliana García Recchia, quien trabaja para la organización de derechos humanos.
En aquel caso, la noticia de que el análisis de ADN había dado positivo en un 99,9 por ciento de certeza fue dada a conocer a la nieta recuperada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien condujo la investigación del caso desde la denuncia de Abuelas en octubre de 2007.

Buscado
“Mi relación era con el juez federal de esta ciudad, doctor Guillermo Federico Madueño. Nos reuníamos en compañía de nuestras esposas en el domicilio del general Azpitarte, ubicado en el barrio Palihue.
Las señoras se iban al comedor mientras el juez, el general y yo permanecíamos en el living conversando secretamente de todo lo que acontecía en la subzona 51 contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al doctor Madueño a hacer la investigación en la Universidad Nacional del Sur.”
Declaración del general Acdel Edgardo Vilas, segundo comandante del V Cuerpo y responsable del terrorismo de Estado en Bahía Blanca junto al Gral Rene Azpitarte Comandante del 5to Cuerpo Ejército, que consta en la foja 4 de su testimonio ante la Cámara Federal de Bahía Blanca en 1987.

El juez Madueño era el encargado de rechazar los hábeas corpus presentados por los familiares de los secuestrados, entregarles los cadáveres ametrallados o calcinados, ordenar seccionar las manos de los supuestos NN para luego simular su identificación y por fin sobreseer y archivar en tiempo record las causas por los fusilamientos que las Fuerzas Armadas difundían como enfrentamientos.
Esta colaboración lo convertía junto con el diario naval de Diana Julio de Massot en un eslabón fundamental de las operaciones psicológicas que Vilas.
Sus secretarios de juzgado la doctora Gloria Girotti, y el doctor Sierra (actualmente profesor de la catedra de Derecho de la Universidad Nacional del Sur), sospechosamente se han negado a colaborar con la causa detrás de la excusa de no saber lo que pasaba en el juzgado con relación a estos hechos, cuando todo el mundo sabe que son los secretarios de cualquier juzgado los mejores conocedores de TODO lo que allí sucede.

Condenaron a prisión perpetua a dos ex militares por crímenes de lesa humanidad
Se trata de Jorge Olivera Róvere y Bernardo José Menéndez. Lo dispuso el Tribunal Oral Federal Nþ 5. En tanto, absolvió a los otros tres imputados. Todos estaban acusados por delitos cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército. VEREDICTO COMPLETO
Veredicto completo 42.16 Kb.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nþ 5 de la Capital Federal condenó este viernes a prisión perpetua al ex general Jorge Olivera Róvere y al ex coronel Bernardo José Menéndez, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto.
En tanto, dispuso la absolución de los otros tres imputados: el ex coronel Humberto José Lobaiza, el ex teniente coronel Felipe Jorge Alespeiti y el ex general de Brigada Teófilo Saa.
Durante el juicio, el fiscal federal Félix Crous había solicitado penas de prisión perpetua para Olivera Róvere y Menéndez, mientras que para Lobaiza, Alespeiti y Saa pidió 25 años de prisión.
El tribunal postergó el cumplimiento de la modalidad de la condena hasta que quede firme la sentencia. El 10 de diciembre se leerán los fundamentos.


El juez federal Sergio Torres pidió a España la extradición del ex teniente de fragata Julio Poch, acusado de participar en casi un millar de casos de violaciones a los derechos humanos mientras cumplía funciones en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
Poch se encuentra imputado por las desapariciones del periodista Rodolfo Walsh, la joven sueca Dagmar Hagelin y las monjas francesas Alice Domón y Leonie Duquet, entre otros.
El represor, que actualmente se desempeñaba como piloto de la línea aérea Transavia, propiedad de KLM-Air France, habría participado en los denominados "vuelos de la muerte", en los que se arrojaban desde el aire los cuerpos semiconscientes de los secuestrados al Río de la Plata.
Con ciudadanía y residencia estable en Holanda desde los años ´80, Poch fue apresado el 23 de septiembre durante la escala que realizaba en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Desde ese momento, se encuentra en prisión provisional hasta que se efectivice su extradición, cosa que la Justicia española podría aceptar el próximo martes y dar curso así a los trámites internacionales.
Lo curioso es que este ex piloto de la Marina comandada por Emilio Massera nunca ocultó su trayectoria y que, a pesar de estar prófugo de la Justicia, difundió sus datos personales en Facebook. En su perfil señala que nació un 20 de febrero, que vive en la ciudad holandesa de Alkmaar, que está casado y tiene una hija llamada Mariana.

Acusado de haber participado en los "vuelos de la muerte"
España aceptó la extradición de Poch
El gobierno de España aprobó, en la sesión del Consejo de Ministros, la tramitación de la extradición Argentina del ex militar, Julio Alberto Poch, reclamado por la justicia argentina, informó La Moncloa en un comunicado.
Poch, que actualmente posee la nacionalidad holandesa y trabaja para la aerolínea holandesa Transavia, fue detenido el pasado 22 de septiembre en el aeropuerto de Manises (Valencia) durante una escala entre Valencia y Amsterdam, por su supuesta participación en los llamados "vuelos de la muerte" y en operaciones de tortura a presos políticos.
La embajada de Argentina en Madrid solicitó el pasado 7 de octubre, por vía diplomática, su extradición por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, después de que el 6 de octubre el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ratificara la orden de prisión dictada en un primer momento por un juzgado de Valencia.
Poch, sin embargo, había negado las acusaciones ante la Audiencia Nacional española y había asegurado que no tenía "nada que ver" con las desapariciones de opositores políticos.
Las autoridades argentinas ya habían solicitado a Holanda el año pasado la extradición de Poch en relación con cuatros procesos penales, después de recoger testimonios de compañeros de vuelo del militar, que lole involucraban en los "vuelos de la muerte" y en las operaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Entre los testimonios recogidos por las autoridades holandesas, se encuentran las declaraciones de otro piloto de la compañía Transavia, quien asegura que Poch le relató cómo lanzaban a los opositores al régimen desde aviones. Algunos de sus compañeros de trabajo señalaron que incluso se habría vanagloriado de ello.